Hábitat

Daniel González Romero
Profesor Investigador Titular y Director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades, UdeG; Miembro del SNI-CONACYT y de la Academia Mexicana de Ciencias; Profesor invitado del Postgrado Europeo de Planeación y Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Cataluña.

Recientemente, Ignacio Ramonet escribió: “Ninguna pandemia nunca fue tan fulminante y de tal magnitud. A esta altura, ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria. Es un hecho social total, en el sentido que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales y la totalidad de los valores. Nos encontramos ante una situación enigmática, sin precedentes […] y no existen señales que nos ayuden a orientarnos”[1], a menos que otros datos nos digan lo contrario. Ulrich Beck anticipaba, al igual que muchos pensadores críticos modernos, que vivimos en la sociedad del riesgo global.[2] Nadie ni nada escapa ahora a esta situación amasada desde más de un siglo; bastante menos en nuestros entornos nacionales ya que los niveles de desarrollo y progreso llegan como muchas cosas más tarde y por importación; realidad de nuestro régimen y modelo-estilo de vida.

La crisis y el confinamiento

En México, sorprendidos por la pandemia todo hizo parecer que el Gobierno Federal no tenía preparada la estrategia a seguir ni las acciones necesarias en el mediano plazo. Las acciones de emergencia por parte de las autoridades federales responsables se presentaban aceleradamente. En este dilema, entre sus propias dudas y estadísticas, se convocó a los habitantes del país a resguardarse con “Quédate en casa” y convivir en “SuSana distancia” para enfrentar la gravedad de lo que se veía venir. Una se produjo como recomendación, que luego se tornó en exigencia formal -aún violando derechos-, la otra fue un llamado a la cordura relacional entre personas. Quedarse en casa no fue así un acto de voluntad propia -obedeció a la violencia de la pandemia-, el miedo o, en muchos casos, a un acto de solidaridad responsable. La confusión derivada entre y desde las oficinas de gobierno responsables, provocó una ola de reacciones de incredulidad entre la población y en algunas ciudades y pueblos pareció que nada pasaba.

Sin embargo, con ambas convocatorias no se previó la activación inmediata de otras acciones que la estratificación social del país exigía. El confinamiento que supuso quedarse en casa motivó actitudes negativas, entre estas el aumento de la violencia intrafamiliar mayormente sufrida por mujeres y niños. La desigualdad socio-espacial y de condiciones de vida de la mayor parte de la población en miles de comunidades urbanas y rurales quedaron para después. Habría que agregar en esto el impacto de desacuerdos entre niveles de gobierno -caso Jalisco y Gobierno Federal-, para organizar oportunamente los medios hospitalarios y de atención, con los cuales enfrentar el problema y organizar ayudas para las familias más necesitadas. Esta omisión requirió del esfuerzo local de voluntades de autoridades e instituciones; lo que al parecer ha resultado positivo.

La realidad vivida en estas semanas con el confinamiento, ha sacado a la luz deudas sociales, no desconocidas, acumuladas.

Hemos releído que no es lo mismo confinarse y hábitar en una casa de 300 metros cuadrados de construcción o más, con jardín, con los aparatos y servicios informáticos necesarios, que hacerlo en una vivienda tipo “popular”, de 60 o 40 metros cuadrados en un conjunto habitacional en la periferia y, además, tener que salir a trabajar por necesidad.

Un breve ejemplo: en Guadalajara, en la Colonia Ferrocarril, familias de la etnia mixteca viven hacinadas -hasta diez personas- en cuartos redondos o casas de menos de 40 metros cuadrados. Actualmente, en el estado de Jalisco, de entre sus más de 8 millones de habitantes, cerca de 500 mil personas viven en condiciones similares. La pobreza y la desigualdad socio-espacial, económica y política también son una forma de violencia.

Observación del contexto

Distintos continentes y países con grandes metrópolis han sido el lugar sensible de la pandemia: Wuhan, Milán, Madrid, París, Nueva York, Los Ángeles, Moscú, Ciudad de México, Bogotá, etcétera. Lugares distantes donde ha sido evidente la fragilidad de nuestra celebrada modernidad y su inserción en el fenómeno de la economía financista mundializada de la festejada globalización. A pesar de que no es lo mismo ser globalizador que estar globalizado, los impactos resultantes afectan a todos y han puesto al descubierto grietas del sistema, omisiones y fallas de gobiernos. Destaca, entre los rastros de la pandemia, la insuficiencia de los servicios de salud y la seguridad social, que explican el deterioro de las verdaderas condiciones del multicitado progreso y de su cómplice el desarrollo. En el mundo, los confinados en las viviendas se cuentan en miles de millones. Las palabras “confinamiento” y “cuarentena” parecían pertenecer a tiempos olvidados y al léxico medieval.

Se pueden decir muchas cosas para explicar la escasa preparación de las autoridades ante este brutal azote, pero el argumento de la sorpresa no es válido. Un importante análisis fue presentado en noviembre de 2008 por el National Intelligence Council (NIC), la oficina de inteligencia de la CIA, que publicó para la Casa Blanca un informe titulado Global trends 2025. A transformed world con insólito sentido de anticipación; el documento confidencial anunciaba, para antes del 2025, “la aparición de una enfermedad respiratoria nueva, altamente transmisible y virulenta, para la cual no existen contramedidas adecuadas y podría convertirse en pandemia global”[3]. En 2017 el servicio de inteligencia alertó de nuevo sobre esto.

El confinamiento ha revelado su esquema selectivo por clases sociales, sectores residenciales y de acceso al trabajo, y además nos ha puesto a pensar sobre las diferencias y el peligro de exacerbar la distinción y la discriminación. Ante el vacío que se ha producido en las ciudades, aparece también la muestra sombría de una velada variedad de Apartheid[4], si pensamos en la proliferación de zonas de cotos residenciales.

En el plano institucional, a pesar de los llamados, la realidad de las mareas de la inequidad, la discriminación y la injusticia desvelan ahora también los magros resultados de la campaña de Los Retos del Milenio y de las calificadas resoluciones (su no obligada aplicación) de los organismos internacionales más respetados y representativos en las reuniones de ONU-Hábitat, así como la Nueva Agenda Urbana y los ODS o las del Panel Intergubernamental para el Cambio Climatico, que siguen la ruta de muchos documentos incumplidos o ignorados, firmados por la mayoría de los países del mundo.

La realidad de que la ciencia no tiene aún claridad sobre la solución a la pandemia, ha propiciado la reacción de instituciones e investigadores en busca de remedio (la OMS, refiere la producción de más de 4,500 artículos científicos en los últimos meses). El largo autismo neoliberal que ha dado escuetos resultados -en particular a causa de sus políticas devastadoras de privatización a ultranza de los sistemas públicos y la evaporación presupuestal de las políticas sociales: salud, educación superior e investigación cientifica- nos refiere a lo expresado en entrevista por Yuval Harari: “Los gobiernos que ahorraron gastos en los últimos años recortando los servicios de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia”.

El espacio que vivimos: Jalisco

Si bien en el estado priva un cierto sosiego, la alarma de la pandemia no ha pasado. El SARS-CoV-2 (COVID-19), ha colocado a la entidad frente a un espejo que no oscurece sus complejos escenarios, en estos se pueden y deben observar las contradicciones que acontecen en su territorio y ciudades, y el hábitat que conforman vinculadas al medio natural.

La inesperada pandemia es así la oportunidad de reflexionar críticamente, de analizar la situación de las urbes claves: Áreas Metropolitanas de Guadalajara y Puerto Vallarta (con Bahía de Banderas en Nayarit), motores básicos del desarrollo del estado, así como de ciudades medias; no obstante, sus posibilidades y opciones se encuentren ligadas a la capital.

De la región wixarika se sabe del abandono que sufre por parte de los gobiernos, local y nacional. Respecto de la delincuencia organizada y el aumento de la violencia, la pandemia ha proporcionado oportuno velo a las autoridades correspondientes.

El panorama de problemas y déficits es tan extenso que solo es posible sintetizar parcialmente y esquematizar ejemplos. De partida, en México, es ineludible entender el poder y hegemonía del capital privado y del mercado, apoderados -con la complicidad del Estado y autoridades- de los usos de suelo y el proceso y elaboración de los planes de ordenamiento territorial y urbanos; de ahí los intermitentes cambios del marco normativo, adecuado paso a paso las últimas cuatro décadas con ese objetivo.

Las ciudades fueron convertidas en proyectos inmobiliarios, en zonas de mercado, no en espacios sociales y de pleno respeto a los derechos humanos.

Se dejó en manos de los ayuntamientos el uso del territorio articulado a la libertad de privatizar ejidos, manejo del agua, privatización de servicios (transporte, basura, desechos tóxicos, salud, educación), que propiciaron el interés privado por encima del social.

Tiempos han sido del rampante neoliberalismo. Mientras tanto, los déficits acumulados y el deterioro ambiental, la destrucción de bosques, la desertificación, la descarbonización, son atendidos a cuenta gotas.

Por su trascendencia para el estado, los casos del Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta son espacios puntuales de análisis. La incorporación de “centralidades” en los planes metropolitanos y ubicación a futuro de reservas territoriales son ejemplos para abrir su fondo. Lo mismo la reciente incorporación de Zapotlanejo al AMG. Parecido es el caso de los planes urbanos orientados al desarrollo turístico en Puerto Vallarta y otros municipios colindantes de la Bahía de Banderas, faltará ver el próximo Plan Metropolitano. Si bien en la planeación urbana la especulación con el suelo se oculta, en la producción de vivienda se deja ver con más claridad.

Pese a los múltiples programas “orientados a la solución del déficit acumulado”, en la realidad, desde los años de la llamada década perdida, los organismos de vivienda (Infonavit, Fovisste, Fovimi, Hipotecaria Federal –brazo ejecutor de los últimos sexenios-) se han orientado a promover y, lateralmente, a proteger el negocio privado del sector. En el AMG hay entre 50 y 60 mil casas deshabitadas (los datos dependen de la fuente que emite). Entre 2009 y 2020 se construyeron en Jalisco alrededor de 250 mil viviendas populares, con superficie de menos a 60 mts2, algunas hasta de 35. Recientes declaraciones del sector privado (CANADEVI), plantean que el rezago en vivienda disponible para los jaliscienses ya alcanzó las 280 mil casas y llegará a 310 mil, debido a factores como su alto precio y su ubicación respecto a los centros de trabajo. De acuerdo con la Hipotecaria Federal, los créditos disponibles en el 2020 para Jalisco (antes del COVID-19) no llegan a los 60 mil. En las últimas décadas se han construido entre un 45% y un 60% más de las que comprende al crecimiento efectivo de la demanda.

Una parte importante de la calidad urbana son sus espacios públicos. Las relaciones interpersonales y la calidad ambiental de estos tiene necesaria y estrecha relación. En general, en las ciudades del estado de Jalisco la relación entre espacio público y áreas verdes es deficitaria. Muchos de estos espacios se encuentran sin mantenimiento o en franco abandono, en ocasiones invadidos por las necesidades del comercio informal, en especial en calles y aceras, cuando no utilizados por diferentes grupos delincuenciales para sus actividades ante la falta de vigilancia.

En el caso del transporte y la movilidad, en Guadalajara la red de transporte masivo cuenta con más o menos 80 kilómetros por cada millón de habitantes; de acuerdo con ONU-Hábitat debería contar con 400 km. Entre las líneas del Tren Ligero 1 y 2 -sumadas las de la línea 3, del Macrobús y las esperadas del Peribús, solo llegan a sumar 130 km. Las esperas y dilaciones de los trabajadores para acceder a su trabajo, son horas sociales pérdidas de productividad por la deficiencia del servicio, que acumuladas suman anualmente millones. Mientras el denominado “transporte público” siga en manos privadas y la intervención del Estado siga siendo vaga e ineficaz y se protejan los intereses mezclados de líderes, exfuncionarios y dirigentes, no se encontraran soluciones posibles. En Puerto Vallarta el problema es grave, mientras en otras ciudades medias por su dimensión está más o menos controlado.

Qué sigue en el Hábitat

Lo público y lo privado en la vida cotidiana de todos ha dado un vuelco y se ha llenado de incertidumbre. Desde lo más complejo (gobierno, finanzas, comercio, trabajo, educación, salud) hasta lo más cercano (familia, salario, subsistencia, amistades); las relaciones antes conocidas se encuentran hoy entre incertidumbres. Todos esperamos saber qué sigue, qué nos espera. Hay algunos que aseguran o piensan que nada va a cambiar, que las grandes empresas y el poder financiero transnacional no lo permitirán y que los medios electrónicos jugarán su rol de control; no permitirán ningún cambio drástico, sin amortiguar, matizar y trasladar las pérdidas. Otros piensan y proponen que nada deberá ser igual, que ya nada será lo mismo y hay que actuar en consecuencia porque no nos van a regalar nada.

Si el desastre de las políticas de salud saliera a la luz, dejarían también en evidencia que ni las opciones de Transformación como alegato voluntarista, ni los sueños de Refundación tenían en su telescopio los conflictos entre deseo y realidad.

Porque ahora sobran las preguntas para las cuales no hay respuestas contundentes. Si bien el confinamiento tiene una justificación sustentada en salvaguardar vidas, las estrategias para garantizar un mejor futuro no aparecen y han hecho emerger dudas al respecto: ¿cómo será la vida en nuestras ciudades? ¿sus espacios públicos, tras esta lamentable crisis de salud, serán controlados para evitar manifestaciones y protestas? ¿el autorizar a las fuerzas armadas para intervenir será para reprimir la posible aparición de violencia social, o tiene otro destino? En el caso de las ciudades cabe repensar para qué ha servido la pléyade de organismos, institucionales y ciudadanos “involucrados” en la planeación territorial, urbana y ambiental. Quizás sería interesante dialogar sobre su papel y el de los organismos políticos que, por cierto, parecen haber desaparecido.

Las dudas sobre la caída de la economía, los procesos a futuro del teletrabajo y las garantías y derechos hasta ahora manipuladas por los empleadores rentistas (outsorcing) y algunas empresas, la seguridad, la salud, las expresiones artísticas y los espectáculos deberán ser parte del análisis, porque en este campo van a jugar -no es oculto- las grandes transnacionales de comunicación electrónica que han sido los ganadores y cuentan hoy con un acervo inconmensurable de datos para seguir ejerciendo su dominio. ¿Se seguirá con el asumido proyecto de cambiar el rumbo de las ciudades extensas y construir ciudades compactas con series reunidas de edificios en altura, especialmente en grandes urbes como Guadalajara? ¿A quién beneficiaría aglomerar habitantes pese al peligro para la salud que puede resultar entre las incógnitas secuelas de la pandemia?

[1] Ignacio Ramonet, en Le Monde Diplomatique, La Pandemia y el sistema-mundo, La Habana, Cuba, 22 de Abril de 2020
[2] Beck, Ulrich (2002) La sociedad del riesgo global, Madrid, Siglo XXI Editores España.
[3] Opus cit. Ignacio Ramonet, 2020.
[4] Sistema de segregación racial en Sudáfrica, Namibia y Zimbabue (antes Rodesia).