Política

Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Investigador Nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt.

Naturalmente, junto con lo anterior, la pandemia está poniendo a prueba a los sistemas de atención a la salud y de investigación científica; sin embargo, lo que está amenazado, en última instancia, es el orden político, la capacidad de conducción organizada de la sociedad.

La pandemia va a marcar el destino de la presente administración (federal y local) y la sensibilidad de varias generaciones. Si se le hace frente de cierta manera, podría favorecer algunas de las maduraciones que México y Jalisco necesitan con urgencia.

Ello es así porque resolver los acertijos de la pandemia implica profundos aprendizajes políticos, necesarias transformaciones económicas y modificaciones fundamentales en la vida social y cultural.

Nada garantiza que así vaya a ser, pero la oportunidad existe y hay que saber identificarla, hacerla del conocimiento público y traducirla en acciones específicas.

Por ahora, lo evidente es el incremento repentino de los riesgos y las dificultades en la toma de decisiones, la entrada en un escenario de alta complejidad. La exigencia de desempeños inteligentes del Gobierno y comportamientos adecuados de la sociedad. La pandemia es un hecho social. Por consiguiente, enfrentarla con éxito implica, también, un abordaje social, es decir, diseñar una estrategia que involucre la actuación concertada de la inmensa mayoría de los mexicanos.

En suma, mucho se puede ganar o perder, mucho se puede aprender o dejar de aprovechar. La máxima responsabilidad frente a la situación reside en las autoridades políticas nacionales y locales. Sin embargo, no poca descansa, también, en los ciudadanos comunes, y en los líderes de las organizaciones intermedias.

Una gestión equivocada de la crisis, en sus aspectos de salud y en sus implicaciones económicas, puede propiciar una nueva crisis: la provocada por la falta de confianza ciudadana en los gobiernos local y nacional, la que puede surgir si se exacerban las divisiones que fracturan a la sociedad mexicana.

Y ello podría, a su vez, traducirse en problemas adicionales para el sistema político, según sea la capacidad de los gobiernos federal y local para manejar el conflicto político, administrativo y social que podría sobrevenir. Y si la crisis política se escala a niveles fuera de control, aparecería una crisis social de incalculables consecuencias.

Dicho esquemáticamente: a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia –recesión y desempleo masivo–, se podría sumar una crisis política –de legitimidad política, racionalidad administrativa y eficacia gubernativa. De allí seguiría una crisis social sin precedentes dado el grado de desigualdad, exclusión e insuficiente cohesión de la sociedad mexicana.

La pandemia no ha tomado al Gobierno ni a la sociedad mexicana en una condición favorable. Con anterioridad se registraba una desaceleración de la economía y una pérdida de la capacidad de maniobra financiera gubernamental, como consecuencia de decisiones arriesgadas de inversión pública.

Ciertas acciones del Gobierno federal venían ocasionando desconfianza entre los sectores medios y empresariales. A ello hay que agregar la falta de coherencia y claridad en el diseño de la política de atención a la pandemia, además del debilitamiento que había sufrido el sistema nacional de salud a consecuencia de determinadas decisiones presupuestales, lo que refuerza la incertidumbre de los ciudadanos.

Por el lado de la sociedad, el panorama tampoco presentaba condiciones previas favorables para hacer frente a un problema de esta magnitud. La polarización y el divisionismo, compañeros naturales de la desigualdad y la falta de integración social, poco ayudan a la actuación de concierto que se necesita en situaciones como la presente.

Frente a esto, los gobiernos federal y local deben actuar con responsabilidad y sensatez. Deben anteponer el interés general de la nación y los ciudadanos, a cualquier propósito de signo político o partidista. La estrategia debe ser convocar a la unidad, a la suma de esfuerzos para derrotar el coronavirus, y para asumir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Por el lado de la sociedad, el llamado debe ser atendido.

En los próximos días y semanas, los gobiernos y el resto de los actores sociales deberán aplicarse en la gestión de la crisis de la mejor manera posible: reduciendo al mínimo la incertidumbre y procurando elevar la confianza de la sociedad en que se cuenta con estrategias consistentes de atención a la problemática de salud en su complejidad, y de tratamiento de las consecuencias en los ámbitos económico, político y social.

Esto significa hacer acopio de inteligencia y disposición para la cooperación entre todos los involucrados. Primero, hay que controlar lo antes posible la crisis de salud pública, mantener lo más baja posible la cifra de fallecimientos y el ritmo de los contagios, y con ello evitar un colapso de los sistemas hospitalarios que se traduzca en tensiones sociales.

El desafío económico es la oportunidad para construir un consenso, por la vía del diálogo, la exposición de argumentos racionales y la deliberación en común, sobre los nuevos caminos a seguir para reorientar la relación de México y Jalisco con la globalización, el mercado capitalista y la prosperidad material de las mayorías mexicanas.

Y el desafío político, no menor, consiste en hacer valer las instituciones y el modo de vida cívico de la democracia: construir una nueva forma de deliberar y decidir sobre los asuntos colectivos, poner en el centro de las políticas al bien público y al interés general. Esa debe la premisa de la actuación en estos momentos de dificultad de la vida nacional.