Seguridad nacional despues del COVID-19

Seguridad nacional

Marcos Pablo Moloeznik Gruer
Profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Investigador Nacional nivel 2, Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt.

La crisis, resultado de la pandemia provocada por el virus COVID-19, no respeta fronteras ni soberanías nacionales y se presenta como altamente letal, particularmente en aquellos Estados nación –como Italia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos– que no adoptaron las medidas pertinentes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo que ocurre es que, al más alto nivel de conducción política de los países, subyace un debate entre la economía y la vida humana, es decir, de otorgar prioridad a una en detrimento de la otra. Así, los países que presentan el mayor número de contagios y defunciones son aquellos que jerarquizaron los intereses económicos sobre su propia población, que se negaron a atender las recomendaciones de la OMS (en especial el aislamiento social) y cuyos sistemas de salud se vieron colapsados.

En el caso de México, esta pandemia –por su impacto y efectos perniciosos– se debería definir como la principal amenaza a la seguridad nacional, y actuar en consecuencia.

Esto significa que todas las capacidades y todos los recursos del Estado mexicano deberían canalizarse para enfrentar el virus COVID-19, en especial con medidas preventivas, cuyo costo social y humano sería mucho menor que tener que actuar ex post a la propagación de dicho flagelo.

Hasta el momento, da la impresión que el gobierno federal –en quien recae la obligación constitucional de velar por la seguridad nacional– no está reconociendo ni asumiendo con la debida seriedad y responsabilidad la magnitud de esta amenaza, con el agravante de contar minuto a minuto con la información sobre la evolución de la pandemia en diferentes escenarios y soslayar las enseñanzas y lecciones aprendidas de países hermanos.

En este marco, asumir la pandemia como un asunto de seguridad nacional de la mayor importancia debería traer aparejadas las siguientes decisiones a partir de las buenas prácticas de Estados-nación que lograron revertir el COVID-19:

Cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y confiar dicha responsabilidad a las Fuerzas Armadas.
Poner fin a la repatriación de connacionales que se encuentren en el extranjero.
Decretar el aislamiento social de toda la población por lo menos con un mes de vigencia, con severas sanciones pecuniarias y de privación de la libertad para aquellos que incurran en incumplimiento.
Identificar y exceptuar los servicios esenciales y sus prestadores, tales como suministro de agua, gas, electricidad y salud.
Proporcionar alimentos y agua, en sus domicilios, a aquellas familias que así lo requieran.

Declarar, con la aprobación del H. Congreso de la Unión, el estado de excepción en toda la República Mexicana, en principio por un mes, prorrogable dependiendo de la evolución del COVID-19.
Negociar y adquirir insumos médicos vitales en China para la atención de la pandemia y enviar aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para garantizar su llegada a nuestro país.
Ordenar a las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad pública estatales y municipales, la vigilancia y cumplimiento de las medidas de choque, en especial de cuarentena

Tal vez para el auditorio estas acciones se consideren demasiado drásticas e innecesarias, pero, si la finalidad es preservar –en la medida de lo posible– la vida humana, el más sagrado de los Derechos Humanos que es el derecho a la vida, no hay otro camino que reconocer que estamos frente a la principal amenaza a la seguridad nacional y que todas las energías del Estado deberían canalizarse a su atención.

De persistir el escenario de desatención de las medidas de la OMS e inacción del gobierno central, lo recomendable sería que el Estado libre y soberano de Jalisco continúe y profundice con las decisiones y medidas de emergencia adoptadas por el ejecutivo local, lo que significaría prorrogar por un mes el aislamiento social, movilizar a todos los efectivos policiales para velar por su cumplimiento, sancionar a quienes quebranten –sin justificación– la cuarentena, dar seguimiento a la evolución y comportamiento del COVID-19 por región y municipios, y coordinar y preparar a los servicios de salud estatales y municipales para la atención de personas afectadas.

En síntesis, la idea-fuerza en la toma de decisión debería ser el otorgar prioridad a la vida humana sobre los efectos económicos de la pandemia. Mientras lo material se puede recuperar en el futuro, la muerte es irreversible.

Jalisco después del COVID-19